TSJ retira la licencia a una persona con un 67% por no tener problemas de movilidad

TSJ retira la licencia a una persona con un 67% por no tener problemas de movilidad

Para poder beneficiarse de las plazas reservadas para personas con discapacidad física, es necesario obtener la tarjeta de estacionamiento y presentar problemas de movilidad. Estas licencias fueron aprobadas en 2014, y están reguladas por un real decreto. 

Donde la única forma de acceder a ellas, es probando dos requisitos: el reconocimiento oficial de la condición de persona con discapacidad, igual o superior a un 33%. Y en segundo lugar, presentar problemas de movilidad superiores a siete puntos. Esta última condición es valorada por unos equipos multiprofesionales que reconocen y califican el grado de discapacidad y/o agudeza visual. 

Estas tarjetas van destinadas a personas con discapacidad física, no pueden acceder a ella las demás diversidades funcionales. Además, el uso de esta licencia es personal e intransferible. Aquellos que tengan dicha tarjeta, podrán solicitar un aparcamiento reservado. Ya que existen dos tipos de aparcamiento:

  • De destino: Zonas públicas como son edificios institucionales, centro sanitarios, centro comerciales, colegios, campos de fútbol…
  • De origen: En la vivienda del ciudadano poseedor de una licencia.

El proceso de solicitud y el uso depende de cada Comunidad Autónoma. Recientemente esta determinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Canarias afectó a un ciudadano. Pese a presentar de forma oficial un 67% de discapacidad, cumpliendo uno de los requisitos solicitados. No recibió la tarjeta porque se le otorgó cero puntos en la exploración realizada por el Equipo de Valoración y Orientación (EVO). El EVO díctamo que no había problemas de movilidad suficientes para esta licencia.

Única forma de obtener licencia: reconocido grado de discapacidad y más de siete puntos de problemas de movilidad

La Sala rechazó el informe médico del ciudadano, donde probaba sus limitaciones de movilidad. Y aunque los magistrados reconocieron que una persona con un grado de discapacidad del 67% seguramente tendría problemas de movilidad. El equipo especializado, encargados del análisis y la valoración,  no opinaron lo mismo. Esta falta de existencia de puntos, significaba que no había problema alguno para que el ciudadano utilizará transportes colectivos.

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