El CERMI acusa a España ante las Naciones Unidas de desahuciar a una persona con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha puesto a disposición, del Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, un escrito en el que se critica un desahucio dictado por un tribunal español. El motivo es que el Órgano no ha tenido en cuenta la condición de discapacidad del perjudicado a la hora de emitir el fallo, siendo esta una cuestión que le otorga mayor vulnerabilidad.

Esta petición individual es conocida como ‘Amicus Curiae’ o ‘Amigo de la Corte’, un término utilizado para referirse a la presentación que hace una persona ajena a un juicio, para ofrecer de forma voluntaria su opinión cualificada, y colaborar así en la resolución del tribunal.

Asimismo, el CERMI pide a la ONU que acepte el documento y considere los argumentos que se presentan, así como que se admita la petición individual para condenar a España por violación del Pacto de las Naciones Unidas. En este caso, no se ha tenido en cuenta el derecho a la vivienda de todo ciudadano español, -tal y como nombra el Artículo 47 de la Constitución Española-, así como tampoco su discapacidad como “hecho relevante”.

El comité afirma que “la Providencia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Girona, Cataluña, de 10 de diciembre de 2018, no tiene en suficiente consideración el factor de la discapacidad como elemento aumentativo de la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social, especialmente en relación con el derecho a la vivienda”.

Además, hace hincapié en que “la especial protección” de las personas con discapacidad que deparan los tratados internacionales suscritos por España “no ha sido asumida” por la resolución judicial cuestionada. “Así, bienes jurídicos como el derecho a una vivienda digna, a la no discriminación, a la protección de la familia y la salud, que forman parte del ordenamiento jurídico, no han sido tenidos en cuenta de modo adecuado en la decisión del órgano judicial”, señala el CERMI.

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