Ayudas para que las personas con discapacidad puedan comprar o adaptar una vivienda

El Plan Estatal de Vivienda es el principal encargado de velar por las ayudas y los beneficios de las personas con discapacidad a la hora de adquirir una vivienda. Y es que, tiene por objetivo fomentar la emancipación y la autonomía de las personas con discapacidad, a través de ayudas relacionadas con la compra o la adaptación de una vivienda para personas con discapacidad.

Hoy en día es de lo más común ver portales con algún tipo de adaptación, como rampas, ascensores o plataformas elevadoras. Las ayudas relacionadas con la adaptación de una vivienda se refieren a este tipo de elementos, que ofrecen y garantizan una mayor accesibilidad en el edificio. Sin embargo, la petición de este tipo de ayudas debe solicitarla la comunidad de vecinos, quien primero debe ponerse de acuerdo para notificarlo posteriormente al Ayuntamiento. Todo tiene un límite y el importe máximo de estas adaptaciones será de 11.000 € multiplicado por el número de viviendas que tenga el edificio.

El Plan Estatal de Vivienda rige este tipo de ayudas, pero cada comunidad de vecinos tiene la libertad de gestionar estos trámites de forma independiente. De este modo, los requisitos y la cuantía de las ayudas pueden variar en función de la región y la comunidad de vecinos.

Además, las personas con discapacidad cuentan con otro tipo de ayudas fiscales. Sin ir más lejos, las personas con discapacidad gozan de la aplicación de tipos de IVA reducidos o superreducidos a personas con movilidad reducida. Para aplicar el IVA superreducido a la vivienda, se debe calificar el inmueble como de protección oficial, de régimen especial o de promoción pública. En relación a las viviendas de protección oficial, el 3% se destinan a las personas con discapacidad.

Por su parte, la persona con discapacidad que tenga un 33% de discapacidad como mínimo puede obtener bonificaciones en el pago de diferentes impuestos, como el IBI, las tasas de basura, el agua o el alcantarillado.

Todo depende de la calificación del grado de discapacidad de cada persona, ya que permite el acceso a los derechos económicos y servicios que los organismos públicos ofrecen.


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