Aragón aprobará, salvo sorpresa, una nueva ley que defiende los derechos de las personas con discapacidad

La Ley de los Derechos y la Atención a las personas con Discapacidad será aprobada este jueves por Las Cortes. Esta nueva legislación engloba ocho normas autonómicas de protección para los colectivos vulnerables. Es decir, aquellos en situaciones de pobreza y de discriminación desarrollados en esta legislatura.

Las personas que lleven a cabo espectáculos que atenten contra la dignidad de las personas con discapacidad serán multadas con hasta 90.000 euros. Por su parte, toda persona que muestre una conducta de acoso relacionada con la discapacidad o que incumpla con las normas sobre accesibilidad universal  puede ser multada hasta con un millón. La Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad recoge estas dos duras sanciones, entre otras muchas. Salvo sorpresa, este jueves será aprobada dicha legislación.

Las normas que recoge la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad están directamente relacionadas con la accesibilidad física, las situaciones de discriminación, amenazas o represalias con motivos de discriminación. Todas estas normas serán castigadas con hasta 90.000 euros, si son consideradas ‘graves’. En el caso de que se tipifiquen como ‘muy graves’, la sanción puede aumentar a un millón.

La nueva ley propone sancionar las infracciones leves, relacionadas, entre otros, con el uso indebido de las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad. La sanción serían cursos de concienciación y trabajos de beneficio para la sociedad.

La ley aragonesa incluye un avance social pionero en España, ya que reconoce como “derecho subjetivo de las personas con discapacidad en situación de dependencia”, es decir, como una prestación susceptible de ser reclamada a la Administración ante los tribunales, la “asistencia personal para llevar una vida independiente incluida en la comunidad y en igualdad de oportunidades con el resto de la población”.

La ley hace una apuesta decidida por garantizar la accesibilidad que prevé la obligación de contemplarla en “la planificación, el diseño y la urbanización de las vías y demás espacios públicos urbanizados, incluidos aquellos de titularidad privada”, y en los edificios de todo tipo.

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